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Las obras cinematográficas en la calculadora de dominio público colombiana

He estado revisando la calculadora de dominio público colombiana, para incluirle mejoras. De hecho hice algunos arreglos al software y lo documenté mejor; arreglos que son imperceptibles para los usuarios, pero que organizan la programación y la estructuran mejor. Ahora que las cosas están un poco más organizadas, quiero incluir otro tipo de obras en la calculadora de dominio público: las obras cinematográficas y audiovisuales.

El diagrama de flujo para obras audiovisuales

Luego de revisar la ley 23 de 1982 y la decisión andina 351, esta es mi propuesta de diagrama de flujo para saber cuándo una obra cinematográfica pasa al dominio público.

Diagrama de flujo para calcular la entrada al dominio público de obras cinematográficas. Resaltado en amarillo los puntos donde tengo dudas sobre la interpretación de la ley 23 de 1982 y de la Decisión Andina 351.
Diagrama de flujo para calcular la entrada al dominio público de obras cinematográficas. Resaltado en amarillo los puntos donde tengo dudas sobre la interpretación de la ley 23 de 1982 y de la Decisión Andina 351. Click en la imagen para agrandar.

No soy abogado, por lo que me cuesta interpretar ciertas cosas. En el diagrama resalto en amarillo los puntos que me generan dudas. Las describo a continuación por si alguien puede darme una mano.

¿Qué tipos de autor tienen las obras cinematográficas?

Al hacer el cálculo para las obras literarias, encontraba que habían estos tipos de autores:

  • Persona natural
  • Persona jurídica
  • Autor de obra en colaboración
  • Autor de obra anónima
  • Autor de obra colectiva

Al revisar la ley de derecho de autor (ley 23 de 1982) sólo se mencionan los dos primeros tipos de autor: persona natural y persona jurídica. ¿Intervienen de alguna forma los otros tipos de autores en las obras cinematográficas? Si una película tiene dos directores ¿cómo funcionaría el cálculo para saber cuándo entra en dominio público?

Si es una obra cinematográfica inédita ¿cuándo entra en dominio público?

Al hacer el diagrama de flujo de obras literarias me encontré con algo interesante: La ley parece no dar muchas luces sobre las obras inéditas de personas jurídicas y pareciera que nunca entran en dominio público. ¿Qué ocurre con las obras cinematográficas inéditas? ¿Hay algún momento en el que entren al dominio público?

Para el caso de las obras cinematográficas, entiendo que la ley no contempla la muerte del autor como un suceso que active el conteo para el dominio público. Esto me alegró, porque no tienes que esperar a que alguien se muera para que su obra pase al dominio público, pero eso podría implicar también que aunque muera, pueden pasar miles de años y la obra nunca pasará a dominio público. ¿Aplicarían aquí las obras póstumas?

Para cerrar: ¿Las obras audiovisuales son obras cinematográficas?

Al leer el artículo 26 de la ley 23 se mencionan las obras cinematográficas:

Art. 26. – Las obras cinematográficas serán protegidas por ochenta años contados a partir de la terminación de su producción, la que se entenderá desde la fecha de su primera comunicación al público. Si el titular de la obra es una persona jurídica el plazo de protección será establecido por el artículo siguiente.

Y el artículo 3 de la Decisión Andina no menciona obras cinematográficas, sino audiovisuales:

Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por

(…) Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.

¿Son cosas diferentes o es lo mismo? Pareciera que la ley 23 se hizo pensada para las proyecciones en salas de cine, pero ahora con un aparatico en nuestro bolsillo podemos hacer obras audiovisuales, que podemos publicar por Internet. Como la ley inicia el conteo del dominio público al publicar la obra ¿Es válido calcular el dominio público de una obra audiovisual luego de su comunicación pública no en salas de cine sino en Internet, por ejemplo?

¿Me puedes dar una mano?

Agradezco que dejes en los comentarios de este sitio la ayuda que me puedas brindar. Apenas tenga más claridad sobre esto, agregaré una nueva funcionalidad a la calculadora para saber cuándo las obras cinematográficas (y audiovisuales, si aplica) colombianas pasan a dominio público. Al tener claridad sobre este tipo de obras, podría pasar a otras como fonogramas o software y bases de datos.

Instituciones culturales frente al Derecho de Autor

Mientras pensaba en cómo completar un par de párrafos para tratar un tema que me ha dado algunas vueltas en la cabeza desde hace un tiempo, leí en la prensa un fragmento de texto que afirmaba que el tema de tendencia global en el momento es la “neutralidad”, a propósito de internet.org. En ese momento recordé que en esta época está bien llevar el discurso de acceso a la información y procurar que todas las personas puedan obtener variedad de servicios en la web de una manera igualitaria.  Pero de momento mi problema inició desde otro punto… de acceso. La información contenida dentro de los muros de las instituciones culturales.
Es común encontrar en este blog entradas relacionadas con el derecho de autor y las bibliotecas. Lo interesante es que, si bien existen grupos que apoyan el acceso a la información, así como las excepciones y limitaciones al derecho de autor en bibliotecas, es muy poco lo que conocemos sobre personas que intenten garantizar cierta flexibilidad al derecho de autor con obras o materiales en otro tipo de unidades de información diferentes a las bibliotecas.

Guías básicas

El derecho de autor, por ser un tema de interés general, en la actualidad cuenta con una amplia cobertura en temas de carácter formativo e informativo para distintos tipos de públicos. Algunos para sectores específicos (Abc del Derecho de autor para bibliotecarios o la Guía de derecho de autor para bibliotecas) otros para el público en general (como los que se ofrecen en la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, DNDA), pero en el fondo algo general que no logra abarcar la complejidad de este tema para todos los actores involucrados de una u otra manera con el acceso y uso de la creación del intelecto humano, las obras científicas, literarias y artísticas.

En todo caso existen iniciativas interesantes, como el libro de Cultura al derecho, que tiene un sitio en la web, y que trata de abordar distintos sectores relacionados con las creaciones o adaptaciones de las obras. No obstante, este tipo de publicaciones puede quedarse en generalidades para los distintos sectores.

La desinformación en las unidades de información

El flujo masivo de información que circula actualmente por distintos medios es un motivo para abrumar a cualquier persona, aunque también es un buen recurso para quien puede tomar con firmeza el timón y navegar por la web buscando las mejores rutas para lograr encontrar los puertos con la información correcta. Y es que, a pesar de la variedad de recursos, comentarios de expertos y uno que otro caso práctico sobre  derecho de autor, por ejemplo, no es de sorprender que algunas personas no profundicen en estos temas y se queden con la información general sobre la presentación de una norma que, por lo general, tiene un tono que se puede tornar restrictiva.

Desde abogados hasta sencillos bibliotecarios pueden verse en algunos líos con las interpretaciones de las normas, excediendo, algunas veces, las libertades como también las restricciones al acceso y uso de obras. Algunos casos concretos con los que me he encontrado consisten en asumir que una obra entra en dominio público basándose en que la fecha de elaboración de la obra es anterior a 1930, o algunos más comunes, todavía, se encuentran cuando se asume que, si no se ha identificado un autor de una obra y su fecha de creación es de finales del siglo XIX o principios del XX, esa obra no tiene derechos, por lo tanto se puede usar libremente. Si les ha pasado algo así, no hay por qué preocuparse, hay casos más penosos.

¿Y en caso de que se presente algún problema?

Lo que es evidente es que el derecho de autor frente a la misión de instituciones culturales, como museos o bibliotecas, por mencionar algunas casos cercanos, choca.

Lo bueno y lo malo del asunto es que no he visto muchos casos en donde personas demanden a instituciones culturales por temas relacionados con el derecho de autor, aunque puede pasar. Los líos se centran, por lo general, en las editoriales. Puntos en contra, no existe una ley o algún ítem en ella que impida que las personas demanden, así la institución tenga las mejores intenciones.

Por supuesto, desde nuestra trayectoria, estamos más enterado de la situación de las bibliotecas, en donde en algún lugar de su misión se encuentra algo como “brindar acceso a la información y…”, lo que ayuda a enfrentar de alguna manera ciertas restricciones o ambigüedades en las normas, por supuesto, tomando riesgos. Por otra parte, en instituciones como un museo, por ejemplo, ese aspecto de su misión no es tan explícito.

Si revisamos la institución que se encarga de apoyar la consolidación y el desarrollo del sector museístico del país, encontramos que su misión es “Salvaguardar el patrimonio cultural… y narrar la historia de los procesos culturales del país…”.  En el primer caso, un medio de salvaguardar el patrimonio del país, por ejemplo, es la digitalización de la obra que implica realizar una obra derivada del original. Si el original es una obra Huérfana (anónima o sin autor identificado) se podría hacer una excepción a la ley siempre y cuando la obra no se divulgue. Algo así como lo que pasa con el fondo de Nina S. de Friedemann, por tomar un ejemplo. Este fondo se encuentra en la Biblioteca Luis Ángel Aarango y… está ahí, se puede consultar pero ya, si consigues a las personas herederas de la señora Friedemann te pueden dar una autorización que solamente aplica para el material que es de autoría de Nina, aunque esta familia donó gran parte del material que reposa en el fondo a finales del siglo pasado; sino debes ir detrás de cada colaborador de sus investigaciones para lograr una autorización de uso. Todo lo que una persona puede hacer con ese material sucede dentro de las paredes de la Biblioteca. ¿ Y cuantos fondos y archivos existen en esta y todas las demás bibliotecas del país? y si a eso le sumamos otras instituciones culturales ¿Qué tan amplio es es acceso y uso de los materiales que reposan en éstas?

Volviendo a la misión del Museo, la narración de la historia de los procesos culturales del país implica una difusión pública, dar acceso a las personas a una información, a las obras, objetos, documentos que representan la historia del país y su gente. Y si, suponiendo un escenario ficticio y totalmente alejado de la realidad, varias de estas obras no tiene información de procedencia y mucho menos de un autor o derechohabientes que se pueda identificar (retomando el caso de obras huérfanas) ¿esta institución no estaría comentiendo una infracción en caso de usar obras con esas características?

¿Cómo termina esta historia?

Todavía no lo sabemos. Por ahora dejaremos este abrebocas mientras recopilamos más información sobre otras instituciones. Esperamos que algún lector o lectora que vea cercano un o varios casos como los que presentamos en esta entrada pueda compartirlo con nosotros.

Explicación simple sobre acceso abierto

Sobre acceso abierto se ha hablado mucho durante los últimos años, sin embargo recorriendo algunos sitios institucionales, repositorios o editoriales universitarias que se han acercado a este concepto y lo han adoptado en su qué hacer, se puede encontrar algunas particularidades, en la presentación y aplicación de las licencias que usan sobre sus contenidos y la etiqueta “Open…”. Tratando de presentar contenidos para explicar el acceso abierto encontré en el portal de Creative Commons-Chile una publicación en donde explican las licencias desde el Copyright, como el más restrictivo hasta el Dominio Público, obviamente pasando por los matices que ofrecen las combinaciones de las licencias Creative Commons, y lo mejor presentando esta información de manera gráfica, utilizando los colores de un semáforo, en donde el rojo representa la “C”, amarillo “CC” y el extremo del verde “DP”:

Relación entre Copyright, Copyleft, Dominio Público y Creative Commons con la analogía del semáforo.

¿Qué tan abierto es el acceso a los contenidos académicos en Colombia? A partir de esta simple ilustración podrán sacar sus propias conclusiones.

Por otro lado, este vídeo animado creado por  PHD Comics, disponible en YouTube, ilustra de buena y sencilla manera qué es el acceso abierto (Open Access).

Con comentarios tan contundentes como:

“Las revistas no producen el material, no le dan trabajo a la gente que escribe los artículos ni menos emplean a quienes los revisan. Eso no tiene sentido respecto de lo que la ciencia se supone que es. Ciencia es descubrir cosas nuevas y distribuir ese conocimiento. Es irracional pensar que los científicos son financiados con dinero público para investigar y que luego de años sus investigaciones no estén disponibles para la gente. No tiene sentido”

“Hay dos componentes del Open Access, el primero es que los artículos estén disponibles gratis para ser leídos. La segunda parte que es igual de importante, es que estén disponibles para ser reutilizados, ya que el conocimiento se construye creando relaciones entre artículos”

 

La (aguada) celebración del día del dominio público

El 1 de Enero se celebra el día del dominio público, porque en este día las obras que cumplen sus plazos de protección por derecho de autor, pasan a dominio público el 1 de Enero del año siguiente. Por ejemplo para Colombia, el 1 de Enero de 2014 entrarán en dominio público las obras de autores que murieron en 1933, debido que en Colombia la protección es por la vida del autor más 80 años.

En The Public Domain Review reseñan a los autores que se “gradúan”, es decir, entran en dominio público, en el 2014 al cumplirse 70 años de protección, lo que ocurre en países como Estados Unidos o Francia en términos generales.

En la lista de correo se ha desatado una polémica por estos personajes, debido a que ellos no entran a dominio público en todas las jurisdicciones. Algunos argumentan que en países con mayor protección aún deben esperar a que expire la protección. En el caso de Colombia, deberíamos esperar 10 años más para acceder a la Clase del 2014, según el ejemplo que plantean en la lista de correo. La propuesta es que las “graduaciones” de The Public Domain Review se hagan para aquellos autores que pasan a dominio público en todas las jurisdicciones. Para eso deberían tenerse al día todas las calculadoras de dominio público del mundo. Algunos responden que no hay algo así como un “dominio público intergaláctico” y esto evidencia el problema que podemos tener entre manos: No hay garantía de que tengamos todas las obras en dominio público. Además los constantes aumentos en los términos de protección nos pueden jugar una muy mala pasada.

Otros de los comentarios en la lista de correo es que debería haber oposición al TPP y su aumento desmesurado a la protección, aumentando incluso hasta 120 años. Algo que surgió fue este comentario:

Admitámoslo: (…) Debería protegerse por 14 años, más 14 años adicionales si el autor aún está vivo y quiere renovar la protección. Todo lo demás resulta innecesario.

Traducción libre del siguiente texto de Peter Hirtle: Let’s admit it: the US got it right when it suggested a 14 year term, plus an additional 14 years if the author was still alive and wanted to renew. Anything else is unnecessary.

Por cierto, pasó un año desde mi solicitud a la Dirección Nacional de Derecho de Autor sin respuesta alguna. Les volví a escribir solicitándole los autores que pasan a dominio público en 2014 y recordándoles sobre mi pedido del 2012.

¿Falta capacitación o leyes sobre derecho de autor para bibliotecas?

La mesa de trabajo del Ministerio de Comercio, las bibliotecas y los discapacitados

El pasado 31 de Julio de 2013 asistí a la mesa de trabajo del Ministerio de Comercio de Colombia para bibliotecas y discapacidad. Fue una mesa concurrida, donde la mayoría de personas tenían relación con bibliotecas o archivos y sólo participó Dean Lerner Gonzalez, ex director del INCI cuya voz fue suficiente para mostrar las grandes carencias que tiene Colombia para atender a discapacitados. En esta mesa hubieron varias cosas interesantes durante y después:

Un participante de la Universidad de los Andes en la mesa de trabajo contó que uno de sus estudiantes descargó documentos que tenían una restricción diaria. Dijo que se podían descargar únicamente 20 páginas. El estudiante descargó diariamente de a 20 páginas hasta completar un libro. La editorial se enteró, localizó al estudiante y pidió a la Universidad que se hiciera una destrucción pública del documento copiado. Además se recordó el caso del préstamo de material audiovisual en esa misma Universidad.

Las bibliotecas no tienen de qué preocuparse ¿…o si?

Un par de días después de la mesa de trabajo, conversé con Martha Senn, actualmente directora del Centro Cultural Biblioteca Luis Echevarría Villegas de la Universidad EAFIT quien me contó que recientemente dicha universidad había perdido un juicio por publicar un listado electrónico de obras pertenecientes a la colección FAES. Pregunté si la demanda consistía en publicar la obra en internet y la respuesta fue negativa: No publicaron en internet la obra, sino el listado de títulos y autores que se incluían en el fondo. “El juez falló a favor de la persona. Indemnización de daños y perjuicios por anunciar en listado digital”. ¿Esto implicaría que la catalogación de las bibliotecas requiere permisos de los autores? Si no podemos usar catálogos en línea (OPACs por sus siglas en inglés) ¿Debemos volver a las fichas? me cuestionaba Martha.

Los abogados tienen una visión diferente. En la mesa de trabajo, Gustavo Palacio (abogado de casas disqueras) comentó que no conocía un sólo caso en el que se persiguieran a las bibliotecas. Además, que en el actual proyecto de ley deberíamos defender a los autores, pero las excepciones y limitaciones deberían esperar. Me pregunto ¿Esperar a qué? Cada vez que se realiza una reforma al derecho de auto es para ampliar los plazos de protección. Esto quiere decir que las obras cada vez se demoran más en entrar a dominio público. Si hay un aumento en la protección ¿No debería también existir un aumento en las garantías que tienen las personas para acceder a la información?

Gustavo Palacio tiene razón en algo: Es difícil hallar casos donde se persigan a las bibliotecas, pero esto es porque las bibliotecas respetan el derecho de autor. Lo que está sucediendo es que las bibliotecas y bibliotecarios tienen miedo a brindar acceso a colecciones o sus servicios y prefieren cerrarlos o limitarlos antes de incurrir en infracciones. No se presentarán casos de infracción, pero tampoco se presentará innovación en servicios bibliotecarios por la excesiva burocracia que representa la gestión de derechos (siempre necesaria) y la faltas de claridades que existen para las bibliotecas, por ejemplo a la hora de usar una obra cuyo autor no aparece por ninguna parte. En un comunicado sobre bibliotecas digitales y derecho de autor, Fernando Zapata López, director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC-UNESCO) afirma que “se hace necesario que en la región se analice, cuantifique y determine el impacto de las llamadas obras huérfanas respecto de la digitalización de las bibliotecas”, para referirnos a este caso específico.

¿Faltan leyes o falta aprender sobre derecho de autor?

Los abogados dicen que las bibliotecas no deben preocuparse. Otros dicen que falta capacitación al respecto y hay bastante ignorancia de parte de las bibliotecas que hasta ahora se preocupan por estas claridades y hay cosas que se piden que las bibliotecas ya tienen. Luego de conversar con el profesor Peter Jaszi algo quedó claro: “No hay que estar tranquilos en esa luna de miel [entre titulares y bibliotecas] y el “confía en nosotros””.

El profesor Jaszi comentó también que los bibliotecarios deberían preocuparse por crear leyes acordes a sus servicios y a la misión de las bibliotecas y no que sean abogados quienes las creen, debido a su falta de experiencia en los servicios que puede llegar a ofrecer una biblioteca. Lo cierto es que para crear leyes se requiere un lenguaje jurídico que los bibliotecarios no siempre dominan, pero es aquí donde el trabajo interdisciplinar se hace necesario.

En mi pregrado realicé un curso básico sobre propiedad intelectual como asignatura electiva. Esto quiere decir que no todos mis compañeros de clase tuvieron que cursarla para graduarse. Algunos colegas profesores incluyen el tema en sus clases pero ¿Es suficiente? Por su parte la Dirección Nacional de Derecho de Autor ofrece capacitaciones con cierta regularidad pero ¿Tienen ellos en mente la misión de las bibliotecas o únicamente la protección a los autores?

A la hora de crear leyes ¿sólamente se está protegiendo a los autores o se está pensando en la totalidad de involucrados? Cory Doctorow en una entrevista con Steve Paikin afirma: “No hay lobby por el dominio público”. Cory Doctorow tiene razón: nadie hace lobby por el dominio público porque a nadie le interesa, pero a las bibliotecas, el dominio público les debería interesar porque de aquí pueden surgir colecciones que pueden fluir libremente, incluso por terrenos digitales. En algunas de mis presentaciones para bibliotecarios pregunto ¿Sabe usted cuántas obras en dominio público se encuentran en sus colecciones? y por lo general la respuesta se da con un movimiento de hombros.

Lo cierto es que las bibliotecas y archivos colombianos despertaron y algunos afirman cosas como “la primavera bibliotecaria“, que desde hace años ha venido avanzando en este tema desde el acceso abierto y los repositorios institucionales. La tarea que tenemos pendiente es identificar los servicios que prestan las unidades de información y los posibles problemas de derecho de autor que podrían existir; teniendo identificadas estas necesidades, es más fácil que un abogado pueda traducir esto en lenguaje jurídico (técnica legislativa según les escuché). Luego, encontrar a las personas que estarían dispuestas a hacer lobby por el dominio público y el acceso a la información, siempre teniendo en cuenta el respeto por el derecho de autor, pero moviéndonos hacia puntos de equilibrio o acuerdos.